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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: ¿ADOCTRINAMIENTO O DERECHO BÁSICO?
per Ricard Aymerich Balagueró
(Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya) i
Josep Vicent Bataller Ferrando
(Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià)
Nos encontramos ante un escenario que, aunque real, se asemeja más a un mal sueño del pasado que a lo que cabría esperar de una sociedad democrática avanzada en pleno siglo XXI. Ante la propuesta curricular del gobierno de introducir en el currículo una nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la derecha y la jerarquía eclesiástica levantan sus voces contra unos contenidos que consideran inaceptables en la medida que suponen un “adoctrinamiento” en valores éticos y morales que van en contra de sus particulares creencias y valores y que invaden supuestamente el ámbito personal y el familiar. Por lo que se ve, se hace necesaria una verdadera formación democrática entre estos sectores conservadores. La primera norma democrática es la soberanía popular expresada a través del voto y sus representantes. Estos representantes, mediante la aprobación de la LOE por mayoría absoluta, sin admitir la mínima sombra de dudas, han validado y refrendado esta decisión. Llamar a la “desobediencia” o pretender crear un currículo alternativo no deja de ser un acto que rebela una alarmante falta de cultura democrática y un claro insulto a la voluntad popular emanada de las urnas. La educación y la formación ciudadana es un derecho básico y un deber inalienable dentro de cualquier sociedad democrática. Así pues, desarrollar la dimensión social de la persona desde el respeto y desde la filosofía que emana de los Derechos Humanos es fundamental para la construcción de una democracia participativa y comprometida en la justicia, en la solidaridad y en la superación de las desigualdades. Más allá de concepciones sectarias e interesadas, que interesadamente tienden a confundir lo público con lo privado, reivindicamos el derecho de cualquier sociedad democrática a educar a su ciudadanía en los principios éticos y morales en que se sustentan, y todo ello desde la laicidad y el respeto a y entre todas las opciones afectivas, familiares y personales. Un espacio público laico (y construído sobre unos sólidos y consensuados valores democráticos) es la mejor garantía para la convivencia entre las diferentes opciones personales, familiares, de culto y de creencias, y el mejor garante de los derechos colectivos (y no sólo individuales) de las diferentes comunidades de creyentes que tienen, en la vivencia comunitaria de la religión, un elemento fundamental. Pero, además, un espacio público laico es la mejor garantía de convivencia entre las opciones creyentes y no creyentes de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Espacio público laico perfectamente compatible con espacio público basado en unos principios democráticos, de convivencia y de ciudadanía activa a los que sirve el sistema educativo.
Sin cuestionar la legitimidad de la decisión del gobierno, los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs) entendemos que la educación democrática y cívica tiene un componente eminentemente vivencial que implica la necesidad de vivir la democracia tanto en los centros educativos como en todos los ámbitos de la vida. Reducir la educación para la ciudadanía a una simple asignatura puede significar en la práctica vaciar de contenido la necesaria implicación de todas las áreas, del centro y de la Comunidad Educativa en la construcción de modelos democráticos, tanto en las aulas como en la gestión y participación en los centros educativos. La educación en la ciudadanía y para la ciudadanía no puede quedar relegada, reducida i encorsetada a una simple asignatura o área del currículo, con el agravante de que ni siquiera estará presente en todos los cursos de la educación obligatoria. Difícilmente podemos enseñar y aprender valores democráticos sin un contexto real donde poder aplicarlos y vivenciarlos.
Por otra parte, creemos que para potenciar una educación ciudadana desde las vivencias, la participación (entendida como implicación a partir de la toma de decisiones) y la gestión democrática de los centros, es necesario crear espacios y tiempos que posibiliten la reflexión y el trabajo en equipo, generando dinámicas de formación del profesorado que ayuden a la construcción de verdaderos modelos de gestión democrática en los centros. Esta formación del profesorado debe ser una estrategia básica para favorecer el diseño y la realización de acciones y proyectos que hagan de los centros educativos un espacio de vida y práctica democrática capaz de fomentar una educación en y para la ciudadanía. Para ello, es necesario que la aptitud para trabajar teniendo en cuenta la comunidad educativa en la que se está, la capacidad de incidencia para preservar los valores básicos de convivencia y de participación democrática, las actitudes basadas en una concepción democrática de la educación y en una organización escolar participativa y de construcción compartida del conocimiento, el compromiso de ser un agente de mejora social, ... se cuenten entre las competencias profesionales exigibles a cualquier persona que quiera hacer, de la educación, su ámbito profesional.
Como propuestas concretas planteamos la creación de departamentos u organismos de coordinación y recursos que dinamicen la educación para y en la ciudadanía mediante propuestas y proyectos compartidos que puedan implicar a toda la comunidad educativa en la vivencia y en el ejercicio de los valores ciudadanos en el aula y en los centros. Debemos entender la educación ciudadana como una forma de ser y de convivir, por lo que la estructura y la organización del centro deben contribuir a generar proyectos compartidos sobre ciudadanía y derechos humanos, desde una concepción global y transversal. Los valores y las prácticas democráticas se aprenden ejerciéndolas y practicándolas en contextos reales de vida y trabajo.
Las tutorías, las asambleas de aula y de centro, la evaluación democrática, la construcción del conocimiento desde las diferentes áreas, los proyectos compartidos, el trabajo cooperativo, la organización de centro, los Consejos Escolares abiertos y asamblearios… son algunas estrategias y recursos para vivenciar la democracia en los centros y potenciar una educación ciudadana comprometida con la superación de las desigualdades. Esta cultura democrática tiene que recogerse de forma implícita en todas las áreas del currículo y debe fomentar la participación de toda la comunidad educativa, compartiendo experiencias y proyectos que supongan un impulso de la vida educativa y social del centro, incidiendo de forma crítica y constructiva en el entorno, implicando a otros organismos y organizaciones en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Nuestro concepto de cohesión social no es el que va asociado a la perpetuación de las desigualdades sinó aquel que, precisamente, pretende superarlas, y nuestra idea de democracia representativa no es la que va en detrimento de la participativa sinó aquella que, justamente, se basa en ésta. Sólo desde las vivencias y las prácticas democráticas participativas que tienen como ámbito todo el centro (y no sólo el alcance de un área, por muy bien programada y ejecutada que esté) es posible replantearse críticamente la realidad y cuestionar un orden social injusto e insolidario con la mayoría de la humanidad y que actúa al servicio de unos pocos. Y sólo entonces estaremos planteando la educación para la ciudadanía que nuestros ciudadanos y ciudadanas de presente y, sobretodo, de futuro necesitan
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